La frecuente tragedia del secuestro de menores

Publicado en El Nuevo Herald
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El secuestro de menores por uno de sus progenitores o familiares sucede con mucha más frecuencia de lo uno se imagina, con gravísimas consecuencias sobre todo para los niños, quienes una vez más se convierten en las víctimas inocentes de la manipulación e intransigencia de los padres, sumidos en un conflicto.
Se trata de una sustracción y retención no autorizada, e inclusive contraria a derecho, de niños de su domicilio habitual, trasladándolos ya sea a otra localidad en la misma ciudad, dentro del estado, en otro estado o a otro país.
En la mayoría de los casos son los niños de parejas divorciadas en los cuales la guarda y custodia puede estar compartida o ha sido delegada a uno de los progenitores, pero el otro decide sustraer al o a los niños a escondidas.
No obstante, hay casos en los cuales las parejas no están divorciadas e inclusive ha sucedido que familiares directos deciden retener a menores, voluntariamente entregados por los padres para que ejerciesen temporalmente la custodia.
La organización estatal National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), informa que anualmente son reportados más de 1,500 casos, de los cuales el 65% son provenientes de Latinoamérica. A la Florida y California llega la mayor cantidad de menores de edad traídos a escondidas de otros países. Los secuestradores son adultos directa e íntimamente relacionados con los niños.
Es interesante anotar que porcentualmente ha aumentado la situación inversa, es decir, niños que residen en EEUU y que son sacados del país ilegalmente y trasladados al país de origen del secuestrador.
Cuando los niños son trasladados dentro del mismo país, la jurisdicción y las leyes a aplicar son las nacionales. La situación se complica mucho más cuando son trasladados a otro país.
El problema de la ley aplicable para los casos de la sustracción internacional de los niños es complicado. Afortunadamente en 1980, en La Haya, se logró un acuerdo internacional para tratar de resolver esos conflictos legales. Para la fecha más de 80 naciones lo suscriben. En Latinoamérica tenemos a Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Otras naciones de la región están en el proceso de agregarse al convenio. España también es parte de este acuerdo.
Con la implementación del convenio, el padre o la madre que ha sufrido la pérdida puede acudir a las denominadas autoridades centrales en el país de la sustracción, las cuales están delegadas por la convención para atender los casos. Estas oficinas, por mandato del convenio reciben el apoyo de las autoridades policiales, gubernamentales y de inmigración tanto del país del cual se sustrajeron a los niños como del país receptor. Igualmente agencias internacionales como la INTERPOL prestan su colaboración.
En muchos casos no se sabe adónde fueron trasladados los niños, e influencias de tipo judicial, económico, político, social, cultural y hasta religioso entraban la solución del problema.
El mes pasado en la Universidad de Miami se realizó una conferencia internacional para discutir el tema con la asistencia de autoridades federales, jueces, abogados, mediadores y profesores de derecho especialistas en la materia y provenientes de varios países. Participaron también organizaciones privadas y sin fines de lucro.
La conclusión de la conferencia fue aunar esfuerzos a nivel internacional para ayudar a las personas que se ven involucradas en este problema. Igualmente se acordó implementar la experiencia de países como Gran Bretaña y Argentina, en los cuales, dentro del marco del convenio de La Haya, se utiliza la mediación, con mucho éxito, para encontrar una solución que satisfaga a las partes involucradas. La Florida será abanderada del tema.
La prioridad esencial para la resolución de estas complicadísimas situaciones reside en la preservación de los intereses de los niños víctimas de circunstancias que les son impuestas por adultos.